Para entender a plenitud el siguiente artículo o, en caso de no conocer a totalidad la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones enviada por el Presidente, Enrique Peña Nieto al Senado de la República, sugiero leer mi artículo previo: Análisis: leyes secundarias en telecomunicaciones
Radicales, nos decían.
Radicales y fanáticos era lo que una y otra vez se nos señalaba cuando apuntábamos
a Televisa como lo que es, un poder de facto, un monstruo multidimensional
cuyos tentáculos llegan hasta los pasillos de Palacio Nacional. Locos “izquierdosos”
era lo que escuchábamos con frecuencia al decir que era el grupo perteneciente
a Azcárraga Jean, quien muchas veces dictaba con una mano en la cintura qué
trazo se debe llevar en cualquier querella que pueda afectar sus intereses.
Hoy, hay un silencio generalizado. Es el tiempo quien nos ha dado la razón.
El martes 22 del presente
mes, en la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes;
Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos del Senado, presencié
uno de los números legislativos más grotescos y vergonzosos de mi vida (no,
nadie se quitó la ropa esta vez). Javier Lozano Alarcón, otrora Secretario de
Trabajo y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado,
presentó un dictamen –proyecto de dictamen o anteproyecto según sus palabas- de
las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones propuestas por el
Presidente Enrique Peña Nieto.
Los señalamientos en contra
de Lozano, cayeron cual
lluvia. No era para menos, en nombre de toda su comisión, el Senador panista
había puesto a la mesa un dictamen de Ley. Algo que no solamente demuestra sus
tintes de autoritarismo sino su nulo respeto a los procesos legales. Dentro de
lo que se le imputaba por parte de diversos Senadores del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) es que al proporcionar un
dictamen a cuenta propia, sin haberse reunido su comisión para redactarlo y –ya
ni se diga- discutirlo, había quebrantado el Reglamento del Senado de la
República en su artículo186 numeral 1 y 2, que entre otras cosas señalan: “El proyecto de dictamen formulado por la
comisión coordinadora se somete a la consideración de otras dictaminadoras, al
fin de incorporar sus observaciones y propuestas” además de que “Una vez puestos de acuerdo los
responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de
dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, veinticuatro
horas antes de la reunión (…)”.
Esgrimiendo sus dotes de
buen abogado (nunca lo he negado), el ex priísta, quien también fuera titular
de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones en el sexenio de Ernesto Zedillo,
se defendió de las fijaciones que se le imputaron al decir que el documento que
elaboró no era un dictamen sino un proyecto de dictamen o predictamen. Con esto,
no se dejaba en entredicho al Reglamento del Senado. Sin embargo, el escrito (que
no se hizo público hasta la tarde y que ni los mismos legisladores conocían)
fue acompañado por una línea de trabajo legislativo que de igual forma impuso
Lozano: cada bancada iba a tener un lapso de 48 horas para hacer sus
señalamientos al respecto y para el jueves 24 iniciaría su discusión. Lo bueno
es que el señor no impone nada y estamos seguimos de un “predictamen”.
¿Por qué es tan importante
que inicie focalizando mis energías en Javier Lozano? Es simple: porque les
guste o no a su alto número de partidarios, el ex secretario no debería estar
ni siquiera presente en la elaboración, discusión y aprobación de estas leyes
reglamentarias, ya que de manera directa o indirecta (dejo esto al criterio del
lector) tiene un conflicto de intereses que se vinculan con Grupo Televisa.
Esto es cierto: es del saber popular la relación de amistad que tiene Lozano
con Javier Tejado Dondé, director de información y asesor jurídico de la
televisora de Azcárraga Jean. Entiendo, claro, lo que se podría argumentar: “cada
quien puede hacer de su vida lo que quiera y tener sus propias amistades”.
Perfecto, ¡bravo!
Pero tanto la amistad de
Lozano con Dondé como su relación con Silvia Ponzanelli, directiva de Fundación
Televisa y con quien el Senador tiene cuatro hijos; son bases suficientes para
que éste se separe de la discusión legislativa al respecto puesto a que el
artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos establece claramente que deben de excusarse en asuntos "en los que tenga interés personal, familiar
o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio
para él, su cónyuge o parientes consanguíneos". Sin embargo, Lozano no
sólo ha tomado parte medular en estas discusiones (incluso fue quien organizó
los foros en el Senado de la materia), ahora sale con el número vergonzoso que
les comparto.
Poniéndose su capa de Superman, el presidente de la Comisión
de Comunicaciones y Transportes; sale del recinto legislativo para comentar
ante la opinión pública que nos ha salvado, expresar en entrevistas que sin
importar lo que algunos locos radicales señalan, su dictamen –porque suyo es y
de nadie más- ha quitado todo los aspectos negativos sobre el Internet que
tantas críticas ha recibido la iniciativa peñista.
Que, todo el capítulo de “Colaboración con la justicia” ha sido quitado y que
los ciudadanos podemos estar tranquilos, porque claro que hay políticos bien
intencionados. Por supuesto que no deberían los ciudadanos de escuchar esos señalamientos que arguyen que–de
acuerdo a la Ley– este salvador de las audiencias y los usuarios debería de
irse junto con su “predictamen”, su sacrosanto proyecto de dictamen que ha
mejorado la iniciativa Presidencial, que por cierto, él mismo la defendió una y
otra vez desde que ésta salió a la luz pública.
Es mentira que se haya mejorado
en gran escala el documento original. Es mentira que con estas modificaciones
ilegales, los usuarios y las audiencias puedan tener un suspiro. Es mentira si
se dice que Televisa no se volvió a salir con la suya, la diferencia es que
esto termina por ser un acto de mayor descaro puesto a que estamos ante un
representante de la televisora quien maniobra desde las altas cúpulas del Poder
Legislativo una ley a modo, una Ley Televisa.
LOS
CAMBIOS
Usando las palabras del
panista, los cambios que toman lugar en el dictamen se concentran en 15 ejes
distintos. En lo personal, tendría que escuchar de su viva voz en qué se fundamentan
esos ejes ya que no vi una secuencia lógica en los pocos cambios elementales
que pude notar en comparación a la iniciativa presidencial. Entendiendo que las
numerosas “modificaciones” que se presumen no son en su gran mayoría, un cambio
en la esencia misma de la reglamentación propuesta previamente, centraré el
análisis en los puntos que mayor polémica generaron en la ciudadanía.
Empecemos con el Instituto
Federal de Telecomunicaciones. En la Sección l del proyecto, específicamente en
el artículo 15, se le atribuyen un total de 63 atribuciones explícitas al
Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre ellas la supervisión de la
programación dirigida la población infantil; vigilar y sancionar las
obligaciones en materia de defensa de audiencias e incluso la suspensión de
transmisiones. Sin embargo la fracción LXlll limita al Instituto a: “Informar a la Secretaría de Salud y a la
Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en
términos de la fracción anterior, para que éstas ejerzan sus facultades de
vigilancia y sanción”. Entonces: sí pero no. Sí se le dan armas al IFT pero
lo siguen supeditando a Gobernación y ahora a la Secretaría de Salud. ¿Entonces
para qué tanta palabrería si las acciones del Instituto siguen sin ser
contundentes y autónomas?
Igualmente, en el artículo
211, se vuelve al tema de las facultades del IFT –tratando de marcar un
distanciamiento con Secretaría de Gobernación- sin embargo se sigue repitiendo
la fórmula del artículo 15 cuando cada, después de realizar la supervisión
pertinente, el Instituto informa tanto a Segob como a la Secretaría de Salud al
respecto. De la misma manera, como también se veía en la iniciativa original,
es a la primera dependencia quien le corresponde sancionar a los concesionarios
en contenidos audiovisuales. Al Instituto se le limita sancionar solamente en
los temas que competan a los topes de publicidad rebasados, que los
concesionarios no nombren a un defensor de audiencias y que no se establezcan
los llamados “Códigos de Éticas”.
El dictamen llega incluso a
suavizar el contacto entre los comisionados del IFT y los concesionarios a través
de “entrevistas”, lo que a mi parecer puede resultar un arma de doble filo. En
el artículo 30 se lee: “Fuera de las
audiencias previstas en los procedimientos establecidos en esta ley, los
Comisionados podrán tratar asuntos de su competencia con personas que
representen los intereses de los agentes regulados por el Instituto, únicamente
mediante entrevista. Para tal efecto, deberá convocarse a todos los
Comisionados, pero la entrevista podrá celebrarse con la presencia de uno solo
de ellos.” ¿Es muy atrevido llegar a pensar que esto puede prestarse a una
suerte de cabildeo?
Aunado a esto, no se hizo un
cambio importante con respecto a cómo sería el Pleno del IFT. El documento
enviado al Senado por el Ejecutivo, hacía públicas las sesiones con excepción
de “aquellas en la que se traten temas
con información confidencial” a lo que ahora se le agrega: “o reservada” y que estas limitaciones
están en estricta relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Otro punto importante es el
de derecho de audiencias, que en el artículo 251 queda desglosado lo que esto
significa y cada una de sus variantes, se incluye en la fracción Vll, el que
los concesionarios incluyan la opción de doblaje, subtítulos y lenguaje de
señas para gente con discapacidad auditiva; sin embargo se culmina con “La promoción y defensa de estos derechos
deberán estar contemplados en el contenido de los Códigos de ética de los
concesionarios”. Mismo precepto que ya fue criticado anteriormente en este
espacio.
En el tema de Internet, que
tanto auguraba Lozano que iba a cambiar drásticamente con respecto a la
iniciativa del Ejecutivo, la realidad es que como tal, no hubo un gran cambio.
El apartado de Neutralidad de la Red, quedó exactamente igual con excepción de
que en el artículo 146, los concesionarios y autorizados que presten servicios
de acceso a Internet harán ofertas “diferenciadas”
según “las necesidades de los segmentos
de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o
calidad”, el cambio con respecto al artículo original se basa en la palabra
“diferenciadas” y no corrige la inconstitucionalidad que –insisto- ya se había
puesto en evidencia en la edición pasada de este artículo.
Si es cierto que, los artículos
más polémicos del apartado “Colaboración con la justicia” como los que tratan
la geolocalización, la retención de datos por más de 24 meses por parte de los
concesionarios y el bloqueo de señales por motivos de “seguridad nacional”,
fueron eliminados como tal; el espíritu totalitario de éstos se trasladó a los
artículos 189 y 190. En el primero, se
obliga a los concesionarios y proveedores de telecomunicaciones a “prestar auxilio a las instituciones
federales y locales de procuración de justicia y a las policías” en la
investigación de delitos, hasta ahí todo bien.
En el 190, por su parte se
lee entre otras cosas: que los concesionarios de telecomunicaciones conserven “un
registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de
línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que
permitan identificar con precisión(…)” datos como el nombre, razón social y
domicilio del suscriptor; el tipo de comunicación que se llevó a cabo; destino
de las comunicaciones; ubicación y posicionamiento geográfico de la línea; así
como la conservación de datos por 12 meses (12 menos que la propuesta anterior,
gran favor el que se nos hizo). Incluso se contempla el rastreo de mensajes de
texto en la fracción lX del citado artículo. ¿No había prometido el Senador
blanquiazul que iba a fuera todo el tema del Internet?
Por otra parte, en cuanto a la
televisión (como era de esperarse), no se hicieron los cambios esperados para
el fomento a la competencia, dígase la restricción de poderes a Grupo Televisa:
se mantiene el criterio de preponderancia por “sector” en lugar de por servicio
en el artículo 254, excusándose en que el criterio de servicio está contemplado
en la Ley de Competencia Económica (se nota que ha sido muy bien aplicada en el
pasado). También se mantienen tal y como estaban escritas las ridículas
restricciones que le impone el IFT al preponderante en radiodifusión, entre las
que sólo limitarían a la televisora a participar en sociedades que lleven a
cabo la impresión de periódicos.
CONCLUSIÓN
Si bien no todo es meramente
negativo en el dictamen de Javier Lozano, puesto a que hay ciertos puntos efectivos
como regresar la fecha del apagón analógico al 31 de diciembre del 2015 y agregar
el lenguaje de señas en las transmisiones como una obligación para facilitar a
la gente con discapacidad auditiva. Lo cierto es que desde su elaboración, todo
se ha hecho mal en este proceso. Todo. Desde permitir que el Senador albiazul
haya elaborado por cuenta propia un proyecto de dictamen (ya sea por lo que
dice el Reglamento del Senado o por su cercanía a Televisa) hasta que se haya quitado de la mesa la opción de
regresar el proceso desde cero.
Pero no fue así, los
tentáculos de Televisa han movido el actuar de los legisladores como todo un gran
titiritero político. Han sido las maniobras sucias y despiadadas del “soldado
del PRI” -como alguna vez le llamó Emilio Azcárraga Milmo- las que han puesto
las condiciones necesarias para que se ejecute esta tragicomedia. Pareciera
que, como dice un buen amigo mío, en México “las leyes escritas valen poco y más cuando
hay intereses personales de por medio”. Poco servirá que la misma bancada del
partido al que pertenece Lozano (Acción Nacional) rechace el dictamen, poco
servirá que toda la bancada perredista haga lo propio; porque así logró el
cálculo político Chapultepec, maquiavélicamente se puso cada ficha en su lugar
para que estas fueran las condiciones: para que se le siguiera pegando al
monopolio de Slim pero el suyo no fuera tocado ni con el pétalo de una rosa,
para que so pretexto de distracción, se hablara más del tema de Internet para
no observar las atrocidades en radiodifusión dentro del texto, para que las
condiciones de competencia fueran un espejismo en el desierto. Lo has hecho una
vez más Televisa, la secuela de la Ley Televisa pronto será una realidad.
