lunes, 17 de noviembre de 2014

¡Ayotzi vive! Lo que no se debe decir con respecto a Ayotzinapa

Después de un tiempo de silencio y reflexión, quiero a través de estas líneas, plasmar mi postura con respecto a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en las localidades de Iguala y Cocula en el estado de Guerrero. Del mismo modo, quisiera poder convencer al lector sobre los puntos fundamentales en el círculo de la discusión con el fin de que el debate sea a toda suerte, más sano y consciente. Para esto, quisiera refutar punto por punto las cosas que he ido oyendo (todas negativas, obviamente) en mis círculos cercanos así como en la prensa a partir de estos abominables hechos.

1) Los 43 normalistas son unos criminales, se lo buscaron: me parece que esta es de las cosas más tristes que han llegado a mis oídos en las últimas siete semanas. No sólo por la pobreza semántica e incluso analítica del comentario, sino por el carácter inhumano que la cubre. En primer lugar: ¿y qué si sí? ¿Eso justifica todo lo posterior? Y si a tal caso, no lo justifica entonces ¿qué valor agregado da hacer el comentario? Y si sí lo justifica (me aterroriza si hay quien lo acepta de por medio) ¿al diablo entonces con el debido proceso y las garantías individuales? No señores, no hay que confundirnos. Así los estudiantes de Ayotzinapa sean mártires de la Iglesia Católica o no, son 43 vidas, 43 historias, 43 hijos que tienen en calvario eterno a sus familiares. No entiendo qué se busca generar con comentarios de tal naturaleza. ¡No hay que indignarnos! Ellos son “menos personas”. ¿O entonces cómo? Por el otro lado: decir que los desaparecidos –porque ese es el estatus legal que tienen y qué bueno que así sea- se buscaron su propia desgracia es de antemano ceder ante la descomposición del sistema judicial. Por poner un contraargumento: ¿una mujer con mini falda busca ser violada? Independientemente de lo corta o no que sea su prenda, el violador cometerá su crimen por su naturaleza misma de depravación. ¡De igual manera pudo ser una monja! El valor simbólico que han ganado los estudiantes de Ayotzinapa nace de la empatía social, del hartazgo de la población ante las autoridades que alguna vez juraron defendernos. Pudieron ser alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas o de Universidad de las Américas Puebla. Eso es lo de menos, el foco es que esos 43 jóvenes nunca debieron desaparecer, independientemente de todo lo que aconteció antes de su desaparición. Punto final.

2) Es populista decir que fue el Estado, desvía la atención hacia el PRD (seguramente es estrategia de los seguidores de Andrés Manuel): comienzo con la primera parte del enunciado: ¡sí fue el Estado! Si el lector todavía duda de esta aseveración, recomiendo que intente replantear sus conceptos. Coincido, eso sí, en que es mezquino direccionar inmediatamente el índice sobre Enrique Peña Nieto. Pero en todo caso, considero que existe la misma mezquindad en que, y aquí ya abordo la segunda parte, se minimice al absurdo este acontecimiento a una escala partidista (fue culpa del PRD) o todavía peor: “fue un hecho aislado en un municipio”. ¡Qué irresponsabilidad es esa! Hay que entender que la salvaguarda de la ciudadanía recae exclusivamente en el Estado, y es el mismo quien debe hacer cumplir lo anterior. Supongo que todos coincidimos en esto. De la misma manera, al existir entonces toda una estructura podrida desde las bases hasta la punta del iceberg (el municipio de Iguala)  y que de manera sistémica se omitan cada uno de los imperfectos que incentivan este estado de descomposición ¿no es entonces omisión del Estado? Si aún así no he cumplido con mi trabajo de convencimiento, iré entonces a los ejemplos prácticos: según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país –desde el sexenio pasado- hay poco más de 24,000 desaparecidos. Esto es un dato escalofriante porque precisamente, se hablan de 24,000 personas en las que no se sabe en donde diablos están. Para hacer esto todavía más bizarro: de esas poco más de 24,000 desapariciones, 2 mil 800 son desapariciones forzadas. Esto quiere decir que en esos casos hubo una participación directa de agentes del Estado (dígase Ejército, policía municipal, estatal o federal entre  otros tantos ejemplos). De la misma manera, por definición, una desaparición forzada sólo la puede cometer el Estado, esto con fundamento en los artículos l y ll de la Convención Interamericana Sobre Desapariciones Forzadas de Personas; ésta fue suscrita a nombre del entonces presidente Vicente Fox  en la ciudad de Belém, Brasil  y aprobada por el Senado de la República para posteriormente ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero del 2002.

¿Más? ¿Qué les parece omisión? Omisión en todos los órdenes, al desatender la realidad en Guerrero. De acuerdo con datos proporcionados por el académico del ITAM, José Merino: en este año todas las estadísticas mostraban que Guerrero iba a ser el (y posiblemente será) estado con índices de criminalidad más altos y que dentro de Guerrero el municipio con peores indicadores es Iguala. Esto evidencia: 1) que hubo una desatención hacia Guerrero y 2) de no tratarse de desatención se hablaría de omisión.  Quiero ahondar un poco más en esto para ser todavía más concreto: opto de manera rotunda con la opción 2). Diversos integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) una organización popular de policías comunitarias, habían alertado una y otra vez a las instancias federales sobre la colusión de varias alcaldías con el grupo criminal Guerreros Unidos, uno de los nombres que salían a la luz eran los de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Los señalamientos llegaron hasta la Secretaría de Gobernación, cuando en 2013, un integrante de la UPOEG de nombre Bruno Plácido Valerio presentó un informe detallado sobre la situación. A partir de ello se creó la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lo que sucedió posteriormente lo dejo en las propias palabras de Plácido Valerio: “(el proyecto) fue abortado por los gobiernos federal y estatal. Gobernación dejó de enviar a su representante (…)”.

En cuanto a López Obrador…cabe señalar que él dejó el PRD después de las elecciones del 2012. Pequeño detalle…

3)  Ahora hay manifestaciones por todos lados y además ¡son violentas!
Ha habido muchas manifestaciones y protestas a partir de los hechos que ya todos conocemos, ¿y? ¿Es eso un argumento o un berrinche? La protesta es y siempre será la máxima expresión de un pueblo en desacuerdo con determinada situación. A mí en lo personal me espantaría que hechos igual de terribles como los de Iguala no generen protestas. ¡Me decepcionaría de la ciudadanía! Siguiendo la lógica del berrinche, quisiera transportarme en el tiempo y ver a un homólogo de los críticos que usan esa bandera, seguramente escucharía algo como esto: “estoy harto de los negros, todos los días están saliendo a las calles a protestar por sus derechos ¡estoy indignado! ¡Dejen de hablar de ese tal Luther King!”. Aunque el ejemplo les pueda parecer absurdo, no dista mucho de la naturaleza misma del berrinche antes mencionado. El tema, insisto, es y será siempre bienvenido para la discusión, pero siempre y cuando su naturaleza misma no sea la que se negocie porque hay que entenderlo y tatuarlo en nuestra mente: protestar es y siempre será un derecho. Los cómos son matices que nacen a partir de una generalidad que es el derecho mismo. ¡Ahí sí! Estoy a sus órdenes para debatir, de eso se trata la democracia.

En el segundo punto, el que va con respecto a la violencia. Siempre al hablar de estos temas, recurro a una anécdota histórica que me parece fascinante. Es de esas frases que quedan olvidadas en los pasillos de nuestra historia pero deberían ser desenpolvadas. “Si en una reunión de amigos, hay un borracho ¿la reunión es de borrachos?”. Esas elocuentes y muy bien planteadas palabras las hizo en el Congreso Constituyente de 1917 un diputado poblano (me disculpo por omitir el nombre por ahora). Entonces me permitiría preguntarles: si en una manifestación hay un pequeño grupo de vándalos –y qué raro que siempre tienen cubierto el rostro, en fin- genera actos de violencia. ¿La protesta fue violenta o ellos lo fueron? Creo que la respuesta es contundente, al menos claro, que quien se oponga a ella lo haga con una carga de fanatismo desbordado hacia la sumisión del pueblo y que éste jamás se indigne. ¿Por qué la descarga de furia va en contra de las manifestaciones per se? ¿Por qué se concentra la cólera hacia quienes hemos salido pacíficamente a las calles y no en concreto con esa minoría aislada?

No suelo ser tan cruel con quienes tienen ese tipo de posicionamientos, a lo largo de mi corta experiencia he podido hacer un análisis de quienes caen en estas actitudes y –por lo que he visto- lo atribuyo a tres razones:

a)    Son gente con todas las comodidades económicas posibles, que ante la injusticia tienen como posibilidad la contratación de un buen abogado o el número a la mano de una ‘palanca’ como se le llama en el argot popular a una de las esferas de la corrupción y por todo lo anterior, no se explican  el método de la protesta.

b)     Han sido mal influenciados por la línea editorial de la mayoría de los medios masivos de comunicación, que hay que decirlo, es de corte conservadora cuando se trata de cuestiones sociales. ¿Acaso no es más común ver en los noticieros las imágenes de la CETEG destruyendo edificios en Guerrero que la gente en las banquetas aplaudiéndoles a los estudiantes manifestantes que pasan por las calles del centro? (Esto es verídico). Seguir la línea del morbo es sencillo pero sobre todo peligroso, porque presta a que se llegue a una falacia, un silogismo totalmente equivocado: hay manifestaciones + hay actos de violencia = las manifestaciones son vandálicas y deben ser suprimidas en su totalidad. Suena absurdo, pero quiero insistir al lector que todo esto lo baso de observaciones personales.

c)    Desconocen los principios básicos de libertad de expresión, de manifestación y las definiciones al respecto de los organismos internacionales así como de la Suprema Corte al respecto. Creo que en ese caso no debo ser muy específico, prefiero en un acto atrevido de mi parte, exhortar a quienes caen en este punto a realizar su propia investigación con los parámetros que compartí para que puedan convencerse de su error. Sólo así podré satisfacer el objetivo de mi columna.

4) ¡Todo este desmadre (actos de violencia) es por Ayotzinapa! ¡Eso les dio cuerda a los revoltosos!: Esta oración hueca y carente de profundidad, es una extensión del punto anterior. Digámoslo así: al verse sin argumentos después de refutar el punto anterior, esta es la contestación inmediata. Sólo quisiera compartir algo: ¿en serio los actos de violencia son por Ayotzinapa? Analicémoslo bien porque se usa una palabra muy peligrosa: ¿“todo” este desmadre es por Ayotzinapa? ¿Todo? Como lo dije en el punto anterior, no soy duro con quienes llegan a esa conclusión, siempre tienen razones de fondo que los hace compartir ese tipo de statements. Ahora parece que todo es culpa de Ayotzinapa, que si se me olvidó hacer la tarea ¡Ayotzinapa!  Que si tiré el café en mi libro ¡Ayotzinapa!  Que si me dio gripa ¡Ayotzinapa! No encuentro mis llaves ¡Ayotzinapa! Así parece ser, en la voz de los disidentes al movimiento (me entristece saber que los hay). Ante todo esto contestaría con otro ejemplo de aplicación: imaginen una nota en La Jornada como la que sigue:

SINARQUISTAS QUEMAN INSTITUTO JUARISTA DURANTE LA PERGRINACIÓN A LA BASÍLICA
13 de diciembre, 2014
Redacción

Un grupo de autodenominados sinarquistas irrumpieron la tarde de ayer, alrededor de las 18:00, en las oficinas del Instituto Juarista de la delegación Gustavo A. Madero. Entre los destrozos hechos están: la puerta principal que fue incendiada, archivos históricos que datan del siglo XlX, todos quemados también, tres vidrios rotos y en las paredes del interior frases en grafiti que se leen: “MUERA EL SECULARISMO VIVA LA GUADALUPANA”.

Posteriormente, cercanas las 19:00 horas y después de una llamada anónima, 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) tuvieron un enfrentamiento con los agresores, quienes les arrojaron piedras tratando de repeler los gases lacrimógenos de los uniformados. Al final del día, el reporte dio como resultado: tres policías que se reportan de gravedad en el Hospital ABC Observatorio y un sinarquista detenido.

“Esto siempre pasa cuando van a la peregrinación” nos comenta Azucena Sánchez, una testigo de los hechos. “Es increíble, yo no pude llegar al trabajo por el tráfico y encima de todo: estos fascistas fanáticos hacen sus destrozos. ¡Todo por la Guadalupe!”

¿Entonces todo es culpa de la Virgen de Guadalupe? ¿Todo es culpa de Ayotzinapa? Ni una ni la otra. Los grupos radicales, quienes al parecer nunca tienen algo mejor que hacer, aprovecharían cualquier circunstancia para generar violencia. La causa es lo de menos. Pudo ser Ayotzinapa o la Guardería ABC, no hay diferencia. Este tipo de generalizaciones y linchamientos hacen que la gente caiga en el error de que todo lo que le siga a los hechos de Iguala debe ser, por obviedad, la causa Ayotzinapa. Justo hace unos días tuve una discusión en donde, se culpaba al movimiento por los bloqueos en la carretera México-Cuernavaca el pasado 14 de noviembre, cuando en realidad se trataba de pobladores de Huitzilac –del estado de Morelos- que recriminaban el secuestro de la sobrina de un regidor.  Quiero hacer un paréntesis aquí, no justifico el método de protesta. Lo que intento generar es la conciencia de que se cae en el error de vincular hechos separados y asilados, como lo son los actos vandálicos que a los que ya me referí.

El linchamiento, la cólera y la rabia nunca serán insumos para un análisis. Lo dejo para la reflexión.

5) Este caso está desviando la atención de otros acontecimientos. ¡Cortina de humo!: ¿No es tu deber como buen ciudadano mantenerte informado? ¿Por qué culpar a X o Y porque tú ya no sabes qué más pasa? Concedo, que el tema Ayotzinapa ha generado mucho ruido desde el pasado 26 de septiembre, pero hay que entender también las razones de esto: hablamos de 43 desapariciones forzadas, un alcalde y su esposa, metidos en el narcotráfico al grado de tener el poder de dar la orden de ejecutar o hacerlo por su cuenta (no olvidemos que Abarca está en prisión por homicidios que realizó mucho antes que Ayotzinapa), policías que entregan personas al crimen organizado, un partido (PRD) que por ineptitud u omisión candidateó a un criminal y por último: un presidente que al referirse por primera vez al tema tuvo la desdicha de decir que “es un problema de nivel local”. La ecuación es muy fuerte como para no dejarla de lado por mucho tiempo.

Ahora bien, estoy de acuerdo que así como Ayotzinapa, debemos estar alertas por situaciones igual de complicadas como las 22 ejecuciones extrajudiciales en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México; los cuatro jóvenes –tres de ellos estadunidenses- presuntamente ejecutados por integrantes del grupo local de seguridad conocido como Hércules, en Matamoros, Tamaulipas; los cuatro homicidios cometidos en menos de 48 horas en Ecatepec, también en el Estado de México; las 300 inexplicables desapariciones en Allende, Coahuila que desde el 2011 no hay indicios que sugieran un desahogo en las investigaciones; los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Guerrero que si bien no son los normalistas, la pregunta lógica es ¿quiénes son? En fin, son tiempos oscuros para el país, no me queda la menor duda.


Ayotzinapa sigue y seguirá siendo un llamado a la reflexión de todos los mexicanos, porque no sólo fue el Estado. Nosotros también dejamos pasar lo que a todas luces se pudo haber evitado. El resultado de todo esto ya lo conocemos: 43 familias destrozadas y un aire de incertidumbre que nadie puede evitar. Como dije: son tiempos difíciles, como sociedad estamos a prueba para poder sacar la situación adelante. De no ser así, no descartemos que hechos como Tlatlaya, Matamoros, Ecatepec, Allende o Cocula-Iguala vuelvan a suceder, frente a nuestras narices, una y otra y otra vez.


viernes, 20 de junio de 2014

Por un México incluyente y sin complejos

El viernes pasado (13 de junio), fue instaurada la Comisión de Familia y Desarrollo Humano en el Senado de la República. Si dejo hasta ahí mi escrito parecería que no existe nada malo o cuestionable con esto, sin embargo, fueron las declaraciones del presidente de la nueva comisión –el panista Jose María Martínez Martínez- las que hicieron que la polémica naciera.

Durante su alocución, el senador Martínez declaró tajantemente: “La importancia de esta Comisión radica en los retos y desafíos que hoy tiene la familia. La familia que conceptualmente hoy no tenemos una distinción que cuando menos jurídicamente nos armonice el sentir o los sentires de todos los mexicanos en concreto respecto del modelo que nosotros queremos. Hoy los legisladores se han pronunciado por un concepto, hoy la Corte ha metido de más su criterio, y discúlpenme mi atrevimiento, en términos de la familia, y hoy algunos estados, en concreto el Distrito Federal ha ido más allá, ha ido incluso a través de modas, tendencias, tratando de adoptar este modelo de familia, sin que ello nos signifique a la mayoría de los mexicanos”.

Como era de esperarse, y me alegro que así haya sido, hubo una fuerte reacción por parte de las redes sociales para contestar las palabras de Martínez Martínez (nacimiento del hashtag #YoNoSoyModa por parte de grupos de familias homoparentales) quien también equiparó al aborto con la muerte e incluso -en una entrevista concedida al periodista Carlos Puig- aceptó que las mujeres que abortaban eran asesinas. El descontento también se hizo presente en un fuerte e incisivo comunicado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que entre otras cosas decía que: “el discurso (del senador) demuestra que la nueva Comisión será presidida por un senador que desconoce abiertamente los compromisos que México ha contraído para respetar, garantizar y proteger los derechos humanos con el fin de promover una agenda antidiscriminatoria”. Este posicionamiento fue homologado por el Senado de la República quien inteligentemente se deslindó de las posturas del panista.

Fue hasta el día martes 17 de junio que la presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña reprobó los sucesos en conferencia de prensa y acompañada del actor Felipe Nájera y su esposo Jaime Morales quienes portaban en sus sacos el signo del triángulo rosa invertido, distintivo de los campos de concentración nazis para los homosexuales. De la Peña comparó las actitudes del panista con las del comandante en jefe de las SS (escuadra de defensa nazi),  Henrich Himmler, quien creó un comité para perseguir el “homosexualismo y a las mujeres que abortan”.

No es para menos que esta polémica haya sido detectada a tiempo en el radar de la opinión pública mexicana. Tanto a nivel nacional como internacional la comunidad LGBT así como los grupos feministas han hecho una incansable lucha para ganar terreno en materia de derechos humanos. Es la actitud conservadora y bizantina del senador el tipo de posicionamientos que deben de ser poco a poco borrados de la mentalidad social a través de información y una debida enseñanza del sentido de la igualdad. Extinguir el gen del “macho mexicano” que no le abre la puerta a quienes son diferentes y somete a las mujeres sin entender la complejidad sociocultural en la que se han tenido que desenvolver desde tiempos memorables.

El tema de la interrupción legal del embarazo,  la unión civil de personas del mismo sexo así como la adopción homoparental no debe cerrarse al diálogo, es sano para toda democracia liberal. Lo que se debería de evitar es, como mencionó la CONAPRED con respecto al senador Martínez, gastar “recursos públicos para discriminar, impulsar una postura religiosa particular y pretender pasar por ‘moda’ aquello que es obligación del Estado”

Aunque no es de sorprender el complejo político-religioso del presidente de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, fue precisamente el ex presidente Felipe Calderón  quien mandó a una controversia constitucional a las modificaciones al Código Civil de la entidad  aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que abrían la puerta al matrimonio igualitario así como la adopción. Más allá de que por la vía formal esta acción fue tomada por la Procuraduría General de la República, era conocida e incluso pública la postura del ex mandatario. A pesar de esto, la Suprema Corte puso punto final en el asunto al establecer como constitucional al matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo, reconociéndoles su validez a nivel nacional y que el tema específico de la adopción estaba apegado a la Constitución.

La misma actitud de inclusión jurídica tuvo la Suprema Corte al haber declarado al aborto como constitucional hasta antes de la semana 12 de gestación en el año 2009.  Esto en apego a los estándares científicos internacionales que reconocen que para tal punto el sistema nervioso del feto todavía carece de desarrollo, rompiendo con esquemas religiosos que tocaban el tema de “contar con un alma” y cuyas repercusiones perseguían a las mujeres que abortaban como criminales lejos de comprender las críticas vivencias que tuvieron para llegar a esa decisión. José Miguel Vivanco, entonces director de la División de las Américas de Human Rights Watch, declaraba al respecto: “Esta decisión asegura que México está observando la legislación de derechos humanos fundamentales (…) la despenalización del aborto salva las vidas de las mujeres y respeta su igualdad y autonomía. Aplaudimos la decisión de Corte y esperamos que otros gobiernos en toda América Latina tomen nota”.

Es importante recordarle a los legisladores y políticos que respaldan las declaraciones de José María Martínez, que el aborto con excepción de los estados de Guanajuato, Guerrero (pronto se discutirá la modificación en el congreso local) y Querétaro es aceptado en casos de: violación a la mujer, malformaciones del producto y/o cuando hay riesgos en la vida de la mujer. Refrescar sus memorias y comentarles que hay todo un proceso democrático federalista en donde cada entidad de la República puede legislar al respecto y no se necesitan comisiones con el fin de desvirtuar el debate y tener una sola visión con respecto a qué familias son “normales” y no son “moda” así como el mismísimo derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Restregarles lo que menciona el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la resolución AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) de la Organización de Estados Americanos,  la Declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género (de la que México es firmante) y la modificación del año 2011 en el artículo 1 de nuestra Constitución, todas estas disposiciones arropando a esas familias que el senador tachaba como “modas”.

Mientras que el senador Martínez y el séquito de legisladores que han dado espaldarazo de sus homofóbicas y machistas actitudes (ah, también recomiendo ver la prepotencia que expresa en redes sociales con su cuenta @ChemaMtzMtz) no pida disculpas ante su evidente error de concepto esta columna será evidencia de mi respaldo al resto de la sociedad civil, la comunidad LGBT y agrupaciones feministas en favor de la decisión que se han sentido en ofensa. El debate, insisto, seguirá abierto como lo requiere cualquier atmósfera democrática pero siempre y cuando los fundamentalismos o prejuicios religiosos queden fuera de la mesa. 




  

jueves, 24 de abril de 2014

Dictamen Lozano: los tentáculos de Televisa

Para entender a plenitud el siguiente artículo o, en caso de no conocer a totalidad la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones enviada por el Presidente, Enrique Peña Nieto al Senado de la República, sugiero leer mi artículo previo: Análisis: leyes secundarias en telecomunicaciones



Radicales, nos decían. Radicales y fanáticos era lo que una y otra vez se nos señalaba cuando apuntábamos a Televisa como lo que es, un poder de facto, un monstruo multidimensional cuyos tentáculos llegan hasta los pasillos de Palacio Nacional. Locos “izquierdosos” era lo que escuchábamos con frecuencia al decir que era el grupo perteneciente a Azcárraga Jean, quien muchas veces dictaba con una mano en la cintura qué trazo se debe llevar en cualquier querella que pueda afectar sus intereses. Hoy, hay un silencio generalizado. Es el tiempo quien nos ha dado la razón.

El martes 22 del presente mes, en la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos del Senado, presencié uno de los números legislativos más grotescos y vergonzosos de mi vida (no, nadie se quitó la ropa esta vez). Javier Lozano Alarcón, otrora Secretario de Trabajo y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, presentó un dictamen –proyecto de dictamen o anteproyecto según sus palabas- de las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Los señalamientos en contra de Lozano, cayeron cual lluvia. No era para menos, en nombre de toda su comisión, el Senador panista había puesto a la mesa un dictamen de Ley. Algo que no solamente demuestra sus tintes de autoritarismo sino su nulo respeto a los procesos legales. Dentro de lo que se le imputaba por parte de diversos Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) es que al proporcionar un dictamen a cuenta propia, sin haberse reunido su comisión para redactarlo y –ya ni se diga- discutirlo, había quebrantado el Reglamento del Senado de la República en su artículo186 numeral 1 y 2, que entre otras cosas señalan: “El proyecto de dictamen formulado por la comisión coordinadora se somete a la consideración de otras dictaminadoras, al fin de incorporar sus observaciones y propuestas” además de que Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, veinticuatro horas antes de la reunión (…)”.

Esgrimiendo sus dotes de buen abogado (nunca lo he negado), el ex priísta, quien también fuera titular de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones en el sexenio de Ernesto Zedillo, se defendió de las fijaciones que se le imputaron al decir que el documento que elaboró no era un dictamen sino un proyecto de dictamen o predictamen. Con esto, no se dejaba en entredicho al Reglamento del Senado. Sin embargo, el escrito (que no se hizo público hasta la tarde y que ni los mismos legisladores conocían) fue acompañado por una línea de trabajo legislativo que de igual forma impuso Lozano: cada bancada iba a tener un lapso de 48 horas para hacer sus señalamientos al respecto y para el jueves 24 iniciaría su discusión. Lo bueno es que el señor no impone nada y estamos seguimos de un “predictamen”.

¿Por qué es tan importante que inicie focalizando mis energías en Javier Lozano? Es simple: porque les guste o no a su alto número de partidarios, el ex secretario no debería estar ni siquiera presente en la elaboración, discusión y aprobación de estas leyes reglamentarias, ya que de manera directa o indirecta (dejo esto al criterio del lector) tiene un conflicto de intereses que se vinculan con Grupo Televisa. Esto es cierto: es del saber popular la relación de amistad que tiene Lozano con Javier Tejado Dondé, director de información y asesor jurídico de la televisora de Azcárraga Jean. Entiendo, claro, lo que se podría argumentar: “cada quien puede hacer de su vida lo que quiera y tener sus propias amistades”. Perfecto, ¡bravo!

Pero tanto la amistad de Lozano con Dondé como su relación con Silvia Ponzanelli, directiva de Fundación Televisa y con quien el Senador tiene cuatro hijos; son bases suficientes para que éste se separe de la discusión legislativa al respecto puesto a que el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece claramente que deben de excusarse en asuntos "en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos". Sin embargo, Lozano no sólo ha tomado parte medular en estas discusiones (incluso fue quien organizó los foros en el Senado de la materia), ahora sale con el número vergonzoso que les comparto.

Poniéndose su capa de Superman, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; sale del recinto legislativo para comentar ante la opinión pública que nos ha salvado, expresar en entrevistas que sin importar lo que algunos locos radicales señalan, su dictamen –porque suyo es y de nadie más- ha quitado todo los aspectos negativos sobre el Internet que tantas críticas ha recibido la iniciativa peñista. Que, todo el capítulo de “Colaboración con la justicia” ha sido quitado y que los ciudadanos podemos estar tranquilos, porque claro que hay políticos bien intencionados. Por supuesto que no deberían los ciudadanos de  escuchar esos señalamientos que arguyen que–de acuerdo a la Ley– este salvador de las audiencias y los usuarios debería de irse junto con su “predictamen”, su sacrosanto proyecto de dictamen que ha mejorado la iniciativa Presidencial, que por cierto, él mismo la defendió una y otra vez desde que ésta salió a la luz pública.

Es mentira que se haya mejorado en gran escala el documento original. Es mentira que con estas modificaciones ilegales, los usuarios y las audiencias puedan tener un suspiro. Es mentira si se dice que Televisa no se volvió a salir con la suya, la diferencia es que esto termina por ser un acto de mayor descaro puesto a que estamos ante un representante de la televisora quien maniobra desde las altas cúpulas del Poder Legislativo una ley a modo, una Ley Televisa.

LOS CAMBIOS
Usando las palabras del panista, los cambios que toman lugar en el dictamen se concentran en 15 ejes distintos. En lo personal, tendría que escuchar de su viva voz en qué se fundamentan esos ejes ya que no vi una secuencia lógica en los pocos cambios elementales que pude notar en comparación a la iniciativa presidencial. Entendiendo que las numerosas “modificaciones” que se presumen no son en su gran mayoría, un cambio en la esencia misma de la reglamentación propuesta previamente, centraré el análisis en los puntos que mayor polémica generaron en la ciudadanía.

Empecemos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la Sección l del proyecto, específicamente en el artículo 15, se le atribuyen un total de 63 atribuciones explícitas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre ellas la supervisión de la programación dirigida la población infantil; vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de audiencias e incluso la suspensión de transmisiones. Sin embargo la fracción LXlll limita al Instituto a: “Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción anterior, para que éstas ejerzan sus facultades de vigilancia y sanción”. Entonces: sí pero no. Sí se le dan armas al IFT pero lo siguen supeditando a Gobernación y ahora a la Secretaría de Salud. ¿Entonces para qué tanta palabrería si las acciones del Instituto siguen sin ser contundentes y autónomas?

Igualmente, en el artículo 211, se vuelve al tema de las facultades del IFT –tratando de marcar un distanciamiento con Secretaría de Gobernación- sin embargo se sigue repitiendo la fórmula del artículo 15 cuando cada, después de realizar la supervisión pertinente, el Instituto informa tanto a Segob como a la Secretaría de Salud al respecto. De la misma manera, como también se veía en la iniciativa original, es a la primera dependencia quien le corresponde sancionar a los concesionarios en contenidos audiovisuales. Al Instituto se le limita sancionar solamente en los temas que competan a los topes de publicidad rebasados, que los concesionarios no nombren a un defensor de audiencias y que no se establezcan los  llamados “Códigos de Éticas”.

El dictamen llega incluso a suavizar el contacto entre los comisionados del IFT y los concesionarios a través de “entrevistas”, lo que a mi parecer puede resultar un arma de doble filo. En el artículo 30 se lee: “Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos establecidos en esta ley, los Comisionados podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes regulados por el Instituto, únicamente mediante entrevista. Para tal efecto, deberá convocarse a todos los Comisionados, pero la entrevista podrá celebrarse con la presencia de uno solo de ellos.” ¿Es muy atrevido llegar a pensar que esto puede prestarse a una suerte de cabildeo?

Aunado a esto, no se hizo un cambio importante con respecto a cómo sería el Pleno del IFT. El documento enviado al Senado por el Ejecutivo, hacía públicas las sesiones con excepción de “aquellas en la que se traten temas con información confidencial” a lo que ahora se le agrega: “o reservada” y que estas limitaciones están en estricta relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Otro punto importante es el de derecho de audiencias, que en el artículo 251 queda desglosado lo que esto significa y cada una de sus variantes, se incluye en la fracción Vll, el que los concesionarios incluyan la opción de doblaje, subtítulos y lenguaje de señas para gente con discapacidad auditiva; sin embargo se culmina con “La promoción y defensa de estos derechos deberán estar contemplados en el contenido de los Códigos de ética de los concesionarios”. Mismo precepto que ya fue criticado anteriormente en este espacio.

En el tema de Internet, que tanto auguraba Lozano que iba a cambiar drásticamente con respecto a la iniciativa del Ejecutivo, la realidad es que como tal, no hubo un gran cambio. El apartado de Neutralidad de la Red, quedó exactamente igual con excepción de que en el artículo 146, los concesionarios y autorizados que presten servicios de acceso a Internet harán ofertas “diferenciadas” según “las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”, el cambio con respecto al artículo original se basa en la palabra “diferenciadas” y no corrige la inconstitucionalidad que –insisto- ya se había puesto en evidencia en la edición pasada de este artículo.

Si es cierto que, los artículos más polémicos del apartado “Colaboración con la justicia” como los que tratan la geolocalización, la retención de datos por más de 24 meses por parte de los concesionarios y el bloqueo de señales por motivos de “seguridad nacional”, fueron eliminados como tal; el espíritu totalitario de éstos se trasladó a los artículos 189 y 190. En el primero, se  obliga a los concesionarios y proveedores de telecomunicaciones a “prestar auxilio a las instituciones federales y locales de procuración de justicia y a las policías” en la investigación de delitos, hasta ahí todo bien.

En el 190, por su parte se lee entre otras cosas: que los concesionarios de telecomunicaciones conserven “un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión(…)” datos como el nombre, razón social y domicilio del suscriptor; el tipo de comunicación que se llevó a cabo; destino de las comunicaciones; ubicación y posicionamiento geográfico de la línea; así como la conservación de datos por 12 meses (12 menos que la propuesta anterior, gran favor el que se nos hizo). Incluso se contempla el rastreo de mensajes de texto en la fracción lX del citado artículo. ¿No había prometido el Senador blanquiazul que iba a fuera todo el tema del Internet?

Por otra parte, en cuanto a la televisión (como era de esperarse), no se hicieron los cambios esperados para el fomento a la competencia, dígase la restricción de poderes a Grupo Televisa: se mantiene el criterio de preponderancia por “sector” en lugar de por servicio en el artículo 254, excusándose en que el criterio de servicio está contemplado en la Ley de Competencia Económica (se nota que ha sido muy bien aplicada en el pasado). También se mantienen tal y como estaban escritas las ridículas restricciones que le impone el IFT al preponderante en radiodifusión, entre las que sólo limitarían a la televisora a participar en sociedades que lleven a cabo la impresión de periódicos.


CONCLUSIÓN

Si bien no todo es meramente negativo en el dictamen de Javier Lozano, puesto a que hay ciertos puntos efectivos como regresar la fecha del apagón analógico al 31 de diciembre del 2015 y agregar el lenguaje de señas en las transmisiones como una obligación para facilitar a la gente con discapacidad auditiva. Lo cierto es que desde su elaboración, todo se ha hecho mal en este proceso. Todo. Desde permitir que el Senador albiazul haya elaborado por cuenta propia un proyecto de dictamen (ya sea por lo que dice el Reglamento del Senado o por su cercanía a Televisa) hasta que  se haya quitado de la mesa la opción de regresar el proceso desde cero.

Pero no fue así, los tentáculos de Televisa han movido el actuar de los legisladores como todo un gran titiritero político. Han sido las maniobras sucias y despiadadas del “soldado del PRI” -como alguna vez le llamó Emilio Azcárraga Milmo- las que han puesto las condiciones necesarias para que se ejecute esta tragicomedia. Pareciera que, como dice un buen amigo mío, en México  “las leyes escritas valen poco y más cuando hay intereses personales de por medio”. Poco servirá que la misma bancada del partido al que pertenece Lozano (Acción Nacional) rechace el dictamen, poco servirá que toda la bancada perredista haga lo propio; porque así logró el cálculo político Chapultepec, maquiavélicamente se puso cada ficha en su lugar para que estas fueran las condiciones: para que se le siguiera pegando al monopolio de Slim pero el suyo no fuera tocado ni con el pétalo de una rosa, para que so pretexto de distracción, se hablara más del tema de Internet para no observar las atrocidades en radiodifusión dentro del texto, para que las condiciones de competencia fueran un espejismo en el desierto. Lo has hecho una vez más Televisa, la secuela de la Ley Televisa pronto será una realidad.







miércoles, 23 de abril de 2014

Análisis: leyes secundarias en telecomunicaciones

El 24 de marzo, el Ejecutivo de la Unión envió al Senado la iniciativa de leyes reglamentarias a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada el año pasado; con esto se propone la creación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión en México que abrogarían la Ley Federal de Radio y Televisión.

Aunado a que la reforma a las telecomunicaciones estipulaba textualmente que la fecha límite para que la reglamentación de ésta se aprobara el 9 de diciembre; fueron otros los puntos dentro del documento los que han causado una fuerte crítica por parte de la sociedad civil así como organismos internacionales. A continuación el análisis de: 1) porqué la inconstitucionalidad de las leyes propuestas;  2) porqué es una iniciativa que atenta contra los derechos humanos y 3) porqué una vez más, Televisa ha doblegado al Estado para que tengamos los ciudadanos una segunda versión de la Ley Televisa.

Para que el lector pueda comprender a groso modo una propuesta complicada dado su lenguaje técnico así como su extensión, dividiré el análisis–bajo el entendido de que todo el texto se basará en la explicación sobre su inconstitucionalidad y su daño directo a los derechos humanos así como el beneficio tácito a un consorcio en específico- en tres puntos: actitud frente a los monopolios, internet y el IFT (Instituto Federal de las Telecomunicaciones). De la misma manera, se contribuirá para coloquializar  las pequeñas grandes frases o palabras que pueden tener repercusiones negativas en una hipotética aplicación a futuro.

ACTITUD FRENTE A LOS MONOPOLIOS

Como se expone desde las primeras cuartillas del documento, lo que se busca es que el Estado retome su papel rector frente a los concesionarios del espectro radioeléctrico y que –basándose en estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico- con la apertura a nuevos competidores en el mercado, se pueda vislumbrar un mayor dinamismo en la economía nacional. Para esto la iniciativa toma figuras jurídicas, o bien, instrumentos nuevos para coartar al mercado monopólico. Leyendo detenidamente el documento, se puede notar una clara tendencia para favorecer a uno de los dos peces gordos en este aspecto: Grupo Televisa.

Es evidente que América Móvil de Grupo Carso sale perjudicado. Esto se aplica en el apartado de interconexión, las disposiciones del IFT en cuanto a las tarifas del agente preponderante (en donde se le imputa entre otras cosas acabar con el cobro de Roaming), la terminación del cobro de larga distancia entre otros puntos más. El poder de Slim se disminuye y sale cortado por la filosa letra de la iniciativa Presidencial; incluso se introduce el concepto de “usuario visitante”, que acompaña en gran medida disposiciones que ya estaban avaladas por la reforma constitucional.

Por el otro lado, empero, Azcárraga Jean vuelve a sonreír desde Chapultepec. Como lo han señalado activistas, legisladores como Purificación Carpinteyro (PRD) y Javier Corral (PAN) y académicos de la talla de la profesora Irene Leyv: los regalos a la televisora son evidentes. En el artículo 260, que es un pilar ya que es el que establece el criterio de la preponderancia, se lee: “El Instituto (Federal de Telecomunicaciones) deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en el sector de la radiodifusión y en el sector de las telecomunicacones (…)”. Atacando a quemarropa lo que se había promulgado a nivel constitucional, se cambia la palabra “servicio” por “sector” en el criterio del IFT para declarar la preponderancia.

Entiendo lo que se preguntará el lector: ¿de dónde sale ganando Televisa en esto? Si entendemos que la medida para poder dictaminar quién es y quién no es preponderante es a partir del nivel de la audiencia, usar el criterio “sector” crea un verdadero “canal de las estrellas” que daría pie a que en televisión restringida, las subsidiarias de Televisión Vía Satélite sigan tomando terreno en el mercado. Reduciendo esto a lo más simple: usando el nuevo discernimiento se tendría que dividir a Televisa en televisión abierta y televisión restringida (aunque ambas pertenezcan al mismo grupo) y gracias a esa división ya no hablamos de un preponderante.

El regalo no queda ahí, el artículo 264 en su fracción XVll menciona entre las limitaciones que se le daría al agente económico preponderante en radiodifusión: “Abstenerse de participar en sociedades que lleven a cabo la impresión de periódicos (…)”. ¡El colmo! Lejos de quitarle poder en el mapa geoeconómico que controla a nivel nacional, a Televisa reverentemente se le prohibiría participar en el único mercado en donde no participa. ¡Pobrecitos!

Los premios a Azcárraga siguen: si se esperaba una mejora en los contenidos y que los nuevos competidores (las dos nuevas cadenas abiertas nacionales) entren pronto a ofrecer nuevas alternativas a las audiencias, que existan mejores contenidos de programación y que la televisión pública se fortalezca; al menos esto no se podrá encontrar en el documento presentado al Senado.

Comienzo con los contenidos nuevos y la televisión pública: queda como un canjeo publicitario la producción nacional independiente en los canales de televisión abierta. Cinco puntos porcentuales más de tiempo de mensajes comerciales a cambio de un mínimo de 20% (esto es, el porcentaje de producción nacional independiente que se propone a cambio) de lo que debiera ser una opción alterna, fresca e ideal para cualquier concesionario de televisión abierta.

De igual forma, como queda dispuesto en el artículo 1 de la Ley del Sistema de Radiodifusión de México: la televisión pública en  el país estará supeditada por un “organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaria de Gobernación”. Lejos queda el modelo meramente autónomo de la BBC en Reino Unido o la ARD alemana, a cambio se ofrece una televisión pública con “autonomía” con una Junta de Gobierno conformada por un representante de la Secretaría de Gobernación, la SEP, la Secretaría de Salud, un Presidente del Sistema en representación del Gobierno Federal y tres consejeros ciudadanos. Si ponemos esto en una báscula, ¡claro que gana la autonomía!

Por último, la lápida a la competencia y el camino libre a Televisa se concreta con la prolongación del apagón analógico hasta el 31 de diciembre del 2017 como fecha máxima alterna. Esto, crea una posible barrera para las nuevas cadenas abiertas próximas a licitarse por el IFT ya que éstas serán digitales, además de que se está dejando a un lado que el año que la Constitución establece como máximo para la transición a la televisión digital es el 2015, lo que también generaría una incertidumbre jurídica.

INTERNET

Es quizás, este punto, el que más polémica y crispación ha causado en las redes sociales así como en el resto de la opinión pública. Manifestaciones, comentarios y señalamientos han nacido a partir de lo que en este tema se refiere. Muchos otros exponen que es esta cuestión –dentro de la iniciativa- la que da pie a que se considere que el Presidente de la República cuenta con una concepción de Estado autoritaria.

Desde lo que un servidor pudo notar al leer el texto enviado por Enrique Peña Nieto al Senado, hay 3 aristas que pueden aglomerar la multivariada gama de críticas que han tomado fuerza en la sociedad: el artículo 146,  y básicamente, todo el apartado que trata sobre la colaboración con la justicia. Para seguir con la misma dinámica explicaré cada uno de estos artículos, claro, después de exponer con absoluta transparencia lo que se lee de manera textual.

El artículo 146 aparece en el Capítulo de la Neutralidad de la Red, que no es más que la garantía de que un proveedor de servicios de internet (conocidos como ISP) muestre un rendimiento no discriminatorio a todos los competidores que le  utilicen. Sobre esto, se puede apreciar que: “Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos del mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad.”

Esto no sólo es contradictorio, usando como base argumentativa el concepto mismo de neutralidad en las redes, sino que también se afecta a los usuarios quienes, ahora gozan del derecho constitucional de banda ancha. Una vez más se contradice lo que está expreso en la Carta Magna y lo que propone el Ejecutivo.

Otro punto a discutir fuertemente en el Congreso, espero, es el título Vll: “Colaboración con la justicia” en donde aparecen propuestas que llaman negativamente la atención. Empezando por las obligaciones que dan los artículos 190, 191 y 192, para que los concesionarios de telecomunicaciones faciliten a las autoridades la intercepción de comunicaciones privadas; “la localización geográfica en tiempo real” obviamente de cualquier ciudadano que las autoridades competentes crean pertinente localizar; conservar los datos de los usuarios por un plazo de 24 meses y entregarlos, insisto, a las autoridades ¿competentes?

Aunque parezca una broma de mal gusto, la geolocalización es posible gracias a un fallo de la Suprema Corte; dicho esto: desde el jueves 16 de enero, está dentro del orden legal que la PGR, procuradurías estatales, y “los servidores públicos” soliciten a los concesionarios la posición geográfica específica de un ciudadano. A pesar de ser considerado un acto de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esto hasta el día que se escriben estas líneas sigue teniendo sustento.

Pero el chiste no termina ahí, es el artículo 197 en su fracción Vll la joya de la corona, la cereza en el pastel. Comparto y me evito hacer comentarios al respecto, porque me parece que es superfluo, de lo que se propone: “(…) VII. Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. ¿Qué tal?

Todo esto no quebranta de manera flagrante el derecho a la privacidad de los ciudadanos, también es un instrumento de censura previa, como lo menciona la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de la OCDE, de la cual México es firmante:

“La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”.


EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Lo que a partir de la reforma en las telecomunicaciones, parecía ser un órgano descentralizado, incisivo, poderoso pero sobre todo autónomo, que pudiera hacer de frente a los intereses oligárquicos de los grandes grupos de poder; el Ifetel terminó siendo un león sin colmillos  y garras; domado a discreción (ni tanto) por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) y sobre todo, la Secretaría de Gobernación.

Línea por línea, el Instituto queda reducido a una caricatura; desde su coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la elaboración de su plan de trabajo anual; hasta que desde, Presidencia de la República, se  elaboren “opiniones no vinculantes” con respecto a temas de importancia en el desarrollo de la labor del IFT (digámoslo así, se aconseja mas no se obliga qué temas son más importantes para que se trabaje en determinado orden),que en las contraprestaciones con concesionarios se repita la fórmula de las opiniones no vinculatorias por parte de la SHCP; la destinación de la garantía de los derechos de las audiencias a la Profeco; de entre otras tantas otras barbaridades. 

En las opiniones del Ejecutivo se expresa: “De manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y el orden público, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría (SCT) podrá solicitar al comisionado presidente del Instituto que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos de la ley”. ¿Dónde quedó la autonomía del IFT con el Gobierno Federal?

La garantía del derecho de las audiencias, también se le quita al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en cambio, se destina a un área especializada de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto, de nueva cuenta, le resta fuerza al organismo especializado en la materia. Igualmente, esta acción crea la confusión entre los "derechos de los consumidores" y el de "las audiencias". La cosa, lamentablemente, no termina ahí: además de lo que menciona el octavo transitorio con respecto a la Procuraduría; queda a criterio de los "Códigos de Ética" de los concesionarios la búsqueda de la protección de los derechos de audiencia. ¡Las audiencias quedan en las bien intencionadas y capaces manos de para lo que las empresas concesionarias  se considere ético! 

Pero el punto que rompió con cualquier umbral posible de paciencia para quien lee el proyecto fueron las atribuciones que se le concedieron a la Secretaría de Gobernación (Segob): establecer los tiempos de Estado (artículo 252) y regular los contenidos audiovisuales (artículo 306).

Es Gobernación y no el IFT quien se encarga de administrar los treinta minutos destinados al Estado (espacio en medios para mensajes de Gobierno y demás dependencias), contraponiéndose a la capacidad constitucional regulatoria, perdón que se insista pero es muy importante que esto quede claro, al Instituto. Esta facultad “sacada de la manga” llega al absurdo al aplicarse en la regulación de contenidos audiovisuales. ¿Por qué crear este doble criterio? ¿Qué conocimientos técnicos tiene Segob para tomar estas atribuciones que le quedaban a la medida a un órgano especializado autónomo? ¿Es políticamente correcto que sea una secretaría de Estado la que tome estas facultades? Al menos en el pasado reciente no se ha visto que sea una buena idea y ejemplos me sobran (viene a mi mente el Decretazo de Fox).

                                                              CONCLUSIONES

Es claro que la iniciativa de leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones es, en su análisis general y específico: mala, autoritaria y hasta cierto punto peligrosa. Como mencionaba al principio del presente artículo, asociaciones como la AMEDI, OBSERVATEL y Colectivo Internet Libre para Todos y demás grupos de la sociedad civil han mostrado el repudio a lo que ha propuesto Enrique Peña Nieto, así como grupos multitudinarios de jóvenes que han marchado alrededor del país. Sea una estrategia de desgaste o una muy mala referencia de la realidad en el mercado de las telecomunicaciones del Presidente de la República, la triste realidad es que esta iniciativa con o sin cambios podrá pasar en la Cámara de Senadores (si la fracción PRI-PVEM consigue 4 votos más, pasa) y en la Cámara de Diputados. Sólo queda seguir presionando desde las calles así como en la vía institucional, buscar a que se repita el resolutivo de la Corte del 2006 cuando echó abajo la Ley Televisa por su inconstitucionalidad. Sólo queda mostrar una y otra vez ante el mundo entero las deficiencias flagrantes de esta iniciativa así como sus contradicciones con lo que marca la Constitución. Sólo queda tomar acción y que la opacidad deje de ser el factor común de la sociedad mexicana.


viernes, 11 de abril de 2014

Los tamaulipecos preguntamos: ¿hasta cuándo?

Desde el pasado sábado 5 de abril hasta la fecha en la que se escribe esta columna de análisis, Tamaulipas ha vivido una ola de violencia exorbitante: 28 muertos según datos del Grupo de Coordinación Tamaulipas y más de 50 en base a cifras extraoficiales. Investigadores, expertos y autoridades lo atribuyen a la disputa por la plaza de Tampico y Madero por parte de las células del Cártel del Golfo afines a quienes responden por el seudónimo de "El Sheila" y "El Chive". Esto originado por las detenciones en semanas pasadas de: Jesús Alejandro Leal alias "El Simple" y Javier Garza Medrano alias "El Porrón". Autoridades municipales, estatales y federales han minimizado los hechos.



¿Hasta cuándo Gobierno Federal?

¿Hasta cuándo recordará que Tamaulipas sigue en un estado de indefensión para no llamarlo fallido?

¿En qué momento el titular de la nueva Comisión Nacional Antisecuestros –Renato Sales– hará un pronunciamiento sobre el estado con mayor número de plagios en el país (tomando en cuenta que los llamados “levantones” no se incluyen en la cifra)[1]?

¿Cuánto más habrá que esperar para una partida millonaria como los 45 mil millones en Michoacán y  operativos federales como en el Estado de México para “recuperar la seguridad en el estado”[2]?

¿Hasta qué punto de la administración podremos esperar un entusiasmo desenfrenado en cortar las operaciones del Cártel del Golfo como ha sido el caso de los Templarios y el Pacífico?

¿Hasta cuándo escucharemos comentarios prudentes, que señalen que no tiene sentido hablar de seguridad en el estado cuando según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad es el de menor acreditación policial[3]?

¿Hasta cuándo Gobierno Federal? ¿Hasta cuándo?

¿En qué punto de la línea trágica de tiempo se hablará de una coordinación con las autoridades estatales?

¿Cuál es el parámetro que se tiene para que el titular del Ejecutivo salga en una portada de periódico diciendo que se recuperará la seguridad del estado “cueste lo que cueste”?

¿Cuántos toques de queda off the record tienen que haber para que se tome cartas en el asunto?

¿Hasta cuándo Gobierno Federal? ¿Hasta cuándo?

¿Cuándo existirá un pronunciamiento del titular del Instituto Nacional de Migración –Ardelio Vargas- sobre los 101 inmigrantes atrapados en casas de seguridad pertenecientes a narcotraficantes y liberados la semana pasada[4]?

¿Hasta que se sepa que hay todavía más que los recientemente liberados en Ciudad Victoria y Miguel Alemán?

¿Hasta que se repita otra desgracia como la Masacre de San Fernando en donde más de 200 inmigrantes perdieron la vida entre 2010 y 2011[5] (desgraciadamente los números reales han sido escondidos o maquillados)?

¿Qué tanto se debe esperar desde el estado donde grupos delincuenciales hacen el saqueo más desenfrenado de petróleo y gas en el país para comercializarlo ilegalmente[6]?

¿Hasta cuándo renunciará a su paupérrima estrategia mediática de seguridad en donde no habla de la violencia en el  norte del país?

¿Hasta que, nuevamente, ciudades como Mier tengan índices de emigración mayores del 50% como sucedió en 2010[7]?

¿Hasta cuándo Gobierno Federal? ¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo entenderá que si bien el caso michoacano es de preocupación y alarma no se acerca a los índices violencia que sí suceden en Tamaulipas según datos del INEGI[8]?

¿Será pronto que la PGR logre una búsqueda exhaustiva de los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por sus vínculos con el narcotráfico[9]?

¿Cuánto más hay que esperar para que la amistad que existe entre el actual gobernador -Egidio Torre- y Eugenio Hernández sea motivo de señalamientos públicos en los institutos de procuración de justicia?

¿Hasta que sea muy evidente como para evitarlo y se actúe como sí se ha actuado en otros estados de la República?

¿Tendremos que esperar mucho tiempo para también tener nuestro propio Comisionado de Seguridad?

¿Hasta qué número de muertos?

Es claro que todas estas preguntas no se podrán responder, porque esa ha sido la actitud constante del Estado ante nuestro mundo paralelo en donde nada pasa y lejos de aceptar que hay autoridades rebasadas, el Gobernador promueve el turismo en un acto nauseabundo y un tanto irresponsable.

La única solución que queda es que la empatía social crezca y así como llegó a ser imposible poner debajo de la alfombra la situación de otras entidades como Michoacán o Guerrero, sea imposible que Tamaulipas siga siendo ignorado. ¡Difundamos el triste escenario que ha rodeado a nuestra tierra! ¡Mostremos el poder que representa una sociedad cohesionada y con capacidad de indignación!

Mientras tanto, esperaré para que junto a mí más personas se unan en la pregunta: ¿hasta cuándo Gobierno Federal?




[1]  “Tamaulipas, el estado con más secuestros del país” Recuperado en: http://www.milenio.com/policia/Tamaulipas-secuestros_0_233976743.html
[2]  “Inversión histórica para segunda fase de recuperación en Michoacán” Recuperado en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/02/04/gobierno-destinara-45000-mdp-michoacan-pena
“Fuerzas federales inician operaciones en el Estado de México” Recuperado en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/04/09/fuerzas-federales-inician-operaciones-estado-mexico
[3] “Certifican 29 estados a la mitad de sus policías” Recuperado en:  http://www.milenio.com/policia/Certifican-mitad-policias_0_158984273.html
[4]  Anónimo (2014) “En Tamaulipas, violenta recaída” Revista Proceso vol. 1953 pp. 17-19
[5]  “Los misterios de la masacre de San Fernando” Recuperado en: http://www.animalpolitico.com/2011/09/los-misterios-de-la-masacre-de-san-fernando/#axzz2yclwbczT
[6]  “Narcotráfico impacta actividad de PEMEX” Recuperado en: http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/08/05/narcotrafico-impacta-actividad-de-pemex
[8]  Estudio del INEGI sobre número de homicidios por estado, revisar páginas 2 y 3: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/julio/comunica9.pdf