Dictamen Lozano: los tentáculos de Televisa

Para entender a plenitud el siguiente artículo o, en caso de no conocer a totalidad la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones enviada por el Presidente, Enrique Peña Nieto al Senado de la República, sugiero leer mi artículo previo: Análisis: leyes secundarias en telecomunicaciones

Radicales, nos decían. Radicales y fanáticos era lo que una y otra vez se nos señalaba cuando apuntábamos a Televisa como lo que es, un poder de facto, un monstruo multidimensional cuyos tentáculos llegan hasta los pasillos de Palacio Nacional. Locos “izquierdosos” era lo que escuchábamos con frecuencia al decir que era el grupo perteneciente a Azcárraga Jean, quien muchas veces dictaba con una mano en la cintura qué trazo se debe llevar en cualquier querella que pueda afectar sus intereses. Hoy, hay un silencio generalizado. Es el tiempo quien nos ha dado la razón.

El martes 22 del presente mes, en la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos del Senado, presencié uno de los números legislativos más grotescos y vergonzosos de mi vida (no, nadie se quitó la ropa esta vez). Javier Lozano Alarcón, otrora Secretario de Trabajo y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, presentó un dictamen –proyecto de dictamen o anteproyecto según sus palabas- de las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Los señalamientos en contra de Lozano, cayeron cual lluvia. No era para menos, en nombre de toda su comisión, el Senador panista había puesto a la mesa un dictamen de Ley. Algo que no solamente demuestra sus tintes de autoritarismo sino su nulo respeto a los procesos legales. Dentro de lo que se le imputaba por parte de diversos Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) es que al proporcionar un dictamen a cuenta propia, sin haberse reunido su comisión para redactarlo y –ya ni se diga- discutirlo, había quebrantado el Reglamento del Senado de la República en su artículo186 numeral 1 y 2, que entre otras cosas señalan: “El proyecto de dictamen formulado por la comisión coordinadora se somete a la consideración de otras dictaminadoras, al fin de incorporar sus observaciones y propuestas” además de que “Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, veinticuatro horas antes de la reunión (…)”.

Esgrimiendo sus dotes de buen abogado (nunca lo he negado), el ex priísta, quien también fuera titular de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones en el sexenio de Ernesto Zedillo, se defendió de las fijaciones que se le imputaron al decir que el documento que elaboró no era un dictamen sino un proyecto de dictamen o predictamen. Con esto, no se dejaba en entredicho al Reglamento del Senado. Sin embargo, el escrito (que no se hizo público hasta la tarde y que ni los mismos legisladores conocían) fue acompañado por una línea de trabajo legislativo que de igual forma impuso Lozano: cada bancada iba a tener un lapso de 48 horas para hacer sus señalamientos al respecto y para el jueves 24 iniciaría su discusión. Lo bueno es que el señor no impone nada y estamos seguimos de un “predictamen”.

¿Por qué es tan importante que inicie focalizando mis energías en Javier Lozano? Es simple: porque les guste o no a su alto número de partidarios, el ex secretario no debería estar ni siquiera presente en la elaboración, discusión y aprobación de estas leyes reglamentarias, ya que de manera directa o indirecta (dejo esto al criterio del lector) tiene un conflicto de intereses que se vinculan con Grupo Televisa. Esto es cierto: es del saber popular la relación de amistad que tiene Lozano con Javier Tejado Dondé, director de información y asesor jurídico de la televisora de Azcárraga Jean. Entiendo, claro, lo que se podría argumentar: “cada quien puede hacer de su vida lo que quiera y tener sus propias amistades”. Perfecto, ¡bravo!

Pero tanto la amistad de Lozano con Dondé como su relación con Silvia Ponzanelli, directiva de Fundación Televisa y con quien el Senador tiene cuatro hijos; son bases suficientes para que éste se separe de la discusión legislativa al respecto puesto a que el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece claramente que deben de excusarse en asuntos "en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos". Sin embargo, Lozano no sólo ha tomado parte medular en estas discusiones (incluso fue quien organizó los foros en el Senado de la materia), ahora sale con el número vergonzoso que les comparto.

Poniéndose su capa de Superman, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; sale del recinto legislativo para comentar ante la opinión pública que nos ha salvado, expresar en entrevistas que sin importar lo que algunos locos radicales señalan, su dictamen –porque suyo es y de nadie más- ha quitado todo los aspectos negativos sobre el Internet que tantas críticas ha recibido la iniciativa peñista. Que, todo el capítulo de “Colaboración con la justicia” ha sido quitado y que los ciudadanos podemos estar tranquilos, porque claro que hay políticos bien intencionados. Por supuesto que no deberían los ciudadanos de  escuchar esos señalamientos que arguyen que–de acuerdo a la Ley– este salvador de las audiencias y los usuarios debería de irse junto con su “predictamen”, su sacrosanto proyecto de dictamen que ha mejorado la iniciativa Presidencial, que por cierto, él mismo la defendió una y otra vez desde que ésta salió a la luz pública.

Es mentira que se haya mejorado en gran escala el documento original. Es mentira que con estas modificaciones ilegales, los usuarios y las audiencias puedan tener un suspiro. Es mentira si se dice que Televisa no se volvió a salir con la suya, la diferencia es que esto termina por ser un acto de mayor descaro puesto a que estamos ante un representante de la televisora quien maniobra desde las altas cúpulas del Poder Legislativo una ley a modo, una Ley Televisa.

LOS CAMBIOS

Usando las palabras del panista, los cambios que toman lugar en el dictamen se concentran en 15 ejes distintos. En lo personal, tendría que escuchar de su viva voz en qué se fundamentan esos ejes ya que no vi una secuencia lógica en los pocos cambios elementales que pude notar en comparación a la iniciativa presidencial. Entendiendo que las numerosas “modificaciones” que se presumen no son en su gran mayoría, un cambio en la esencia misma de la reglamentación propuesta previamente, centraré el análisis en los puntos que mayor polémica generaron en la ciudadanía.

Empecemos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la Sección l del proyecto, específicamente en el artículo 15, se le atribuyen un total de 63 atribuciones explícitas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre ellas la supervisión de la programación dirigida la población infantil; vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de audiencias e incluso la suspensión de transmisiones. Sin embargo la fracción LXlll limita al Instituto a: “Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción anterior, para que éstas ejerzan sus facultades de vigilancia y sanción”. Entonces: sí pero no. Sí se le dan armas al IFT pero lo siguen supeditando a Gobernación y ahora a la Secretaría de Salud. ¿Entonces para qué tanta palabrería si las acciones del Instituto siguen sin ser contundentes y autónomas?

Igualmente, en el artículo 211, se vuelve al tema de las facultades del IFT –tratando de marcar un distanciamiento con Secretaría de Gobernación- sin embargo se sigue repitiendo la fórmula del artículo 15 cuando cada, después de realizar la supervisión pertinente, el Instituto informa tanto a Segob como a la Secretaría de Salud al respecto. De la misma manera, como también se veía en la iniciativa original, es a la primera dependencia quien le corresponde sancionar a los concesionarios en contenidos audiovisuales. Al Instituto se le limita sancionar solamente en los temas que competan a los topes de publicidad rebasados, que los concesionarios no nombren a un defensor de audiencias y que no se establezcan los  llamados “Códigos de Éticas”.

El dictamen llega incluso a suavizar el contacto entre los comisionados del IFT y los concesionarios a través de “entrevistas”, lo que a mi parecer puede resultar un arma de doble filo. En el artículo 30 se lee: “Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos establecidos en esta ley, los Comisionados podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes regulados por el Instituto, únicamente mediante entrevista. Para tal efecto, deberá convocarse a todos los Comisionados, pero la entrevista podrá celebrarse con la presencia de uno solo de ellos.” ¿Es muy atrevido llegar a pensar que esto puede prestarse a una suerte de cabildeo?

Aunado a esto, no se hizo un cambio importante con respecto a cómo sería el Pleno del IFT. El documento enviado al Senado por el Ejecutivo, hacía públicas las sesiones con excepción de “aquellas en la que se traten temas con información confidencial” a lo que ahora se le agrega: “o reservada” y que estas limitaciones están en estricta relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Otro punto importante es el de derecho de audiencias, que en el artículo 251 queda desglosado lo que esto significa y cada una de sus variantes, se incluye en la fracción Vll, el que los concesionarios incluyan la opción de doblaje, subtítulos y lenguaje de señas para gente con discapacidad auditiva; sin embargo se culmina con “La promoción y defensa de estos derechos deberán estar contemplados en el contenido de los Códigos de ética de los concesionarios”. Mismo precepto que ya fue criticado anteriormente en este espacio.

En el tema de Internet, que tanto auguraba Lozano que iba a cambiar drásticamente con respecto a la iniciativa del Ejecutivo, la realidad es que como tal, no hubo un gran cambio. El apartado de Neutralidad de la Red, quedó exactamente igual con excepción de que en el artículo 146, los concesionarios y autorizados que presten servicios de acceso a Internet harán ofertas “diferenciadas” según “las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”, el cambio con respecto al artículo original se basa en la palabra “diferenciadas” y no corrige la inconstitucionalidad que –insisto- ya se había puesto en evidencia en la edición pasada de este artículo.

Si es cierto que, los artículos más polémicos del apartado “Colaboración con la justicia” como los que tratan la geolocalización, la retención de datos por más de 24 meses por parte de los concesionarios y el bloqueo de señales por motivos de “seguridad nacional”, fueron eliminados como tal; el espíritu totalitario de éstos se trasladó a los artículos 189 y 190. En el primero, se  obliga a los concesionarios y proveedores de telecomunicaciones a “prestar auxilio a las instituciones federales y locales de procuración de justicia y a las policías” en la investigación de delitos, hasta ahí todo bien.

En el 190, por su parte se lee entre otras cosas: que los concesionarios de telecomunicaciones conserven “un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión(…)” datos como el nombre, razón social y domicilio del suscriptor; el tipo de comunicación que se llevó a cabo; destino de las comunicaciones; ubicación y posicionamiento geográfico de la línea; así como la conservación de datos por 12 meses (12 menos que la propuesta anterior, gran favor el que se nos hizo). Incluso se contempla el rastreo de mensajes de texto en la fracción lX del citado artículo. ¿No había prometido el Senador blanquiazul que iba a fuera todo el tema del Internet?

Por otra parte, en cuanto a la televisión (como era de esperarse), no se hicieron los cambios esperados para el fomento a la competencia, dígase la restricción de poderes a Grupo Televisa: se mantiene el criterio de preponderancia por “sector” en lugar de por servicio en el artículo 254, excusándose en que el criterio de servicio está contemplado en la Ley de Competencia Económica (se nota que ha sido muy bien aplicada en el pasado). También se mantienen tal y como estaban escritas las ridículas restricciones que le impone el IFT al preponderante en radiodifusión, entre las que sólo limitarían a la televisora a participar en sociedades que lleven a cabo la impresión de periódicos.

CONCLUSIÓN

Si bien no todo es meramente negativo en el dictamen de Javier Lozano, puesto a que hay ciertos puntos efectivos como regresar la fecha del apagón analógico al 31 de diciembre del 2015 y agregar el lenguaje de señas en las transmisiones como una obligación para facilitar a la gente con discapacidad auditiva. Lo cierto es que desde su elaboración, todo se ha hecho mal en este proceso. Todo. Desde permitir que el Senador albiazul haya elaborado por cuenta propia un proyecto de dictamen (ya sea por lo que dice el Reglamento del Senado o por su cercanía a Televisa) hasta que  se haya quitado de la mesa la opción de regresar el proceso desde cero.

Pero no fue así, los tentáculos de Televisa han movido el actuar de los legisladores como todo un gran titiritero político. Han sido las maniobras sucias y despiadadas del “soldado del PRI” -como alguna vez le llamó Emilio Azcárraga Milmo- las que han puesto las condiciones necesarias para que se ejecute esta tragicomedia. Pareciera que, como dice un buen amigo mío, en México  “las leyes escritas valen poco y más cuando hay intereses personales de por medio”. Poco servirá que la misma bancada del partido al que pertenece Lozano (Acción Nacional) rechace el dictamen, poco servirá que toda la bancada perredista haga lo propio; porque así logró el cálculo político Chapultepec, maquiavélicamente se puso cada ficha en su lugar para que estas fueran las condiciones: para que se le siguiera pegando al monopolio de Slim pero el suyo no fuera tocado ni con el pétalo de una rosa, para que so pretexto de distracción, se hablara más del tema de Internet para no observar las atrocidades en radiodifusión dentro del texto, para que las condiciones de competencia fueran un espejismo en el desierto. Lo has hecho una vez más Televisa, la secuela de la Ley Televisa pronto será una realidad.