Por un México incluyente y sin complejos

El viernes pasado (13 de junio), fue instaurada la Comisión de Familia y Desarrollo Humano en el Senado de la República. Si dejo hasta ahí mi escrito parecería que no existe nada malo o cuestionable con esto, sin embargo, fueron las declaraciones del presidente de la nueva comisión –el panista Jose María Martínez Martínez- las que hicieron que la polémica naciera.

Durante su alocución, el senador Martínez declaró tajantemente: “La importancia de esta Comisión radica en los retos y desafíos que hoy tiene la familia. La familia que conceptualmente hoy no tenemos una distinción que cuando menos jurídicamente nos armonice el sentir o los sentires de todos los mexicanos en concreto respecto del modelo que nosotros queremos. Hoy los legisladores se han pronunciado por un concepto, hoy la Corte ha metido de más su criterio, y discúlpenme mi atrevimiento, en términos de la familia, y hoy algunos estados, en concreto el Distrito Federal ha ido más allá, ha ido incluso a través de modas, tendencias, tratando de adoptar este modelo de familia, sin que ello nos signifique a la mayoría de los mexicanos”.

Como era de esperarse, y me alegro que así haya sido, hubo una fuerte reacción por parte de las redes sociales para contestar las palabras de Martínez Martínez (nacimiento del hashtag #YoNoSoyModa por parte de grupos de familias homoparentales) quien también equiparó al aborto con la muerte e incluso -en una entrevista concedida al periodista Carlos Puig- aceptó que las mujeres que abortaban eran asesinas. El descontento también se hizo presente en un fuerte e incisivo comunicado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que entre otras cosas decía que: “el discurso (del senador) demuestra que la nueva Comisión será presidida por un senador que desconoce abiertamente los compromisos que México ha contraído para respetar, garantizar y proteger los derechos humanos con el fin de promover una agenda antidiscriminatoria”. Este posicionamiento fue homologado por el Senado de la República quien inteligentemente se deslindó de las posturas del panista.

Fue hasta el día martes 17 de junio que la presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña reprobó los sucesos en conferencia de prensa y acompañada del actor Felipe Nájera y su esposo Jaime Morales quienes portaban en sus sacos el signo del triángulo rosa invertido, distintivo de los campos de concentración nazis para los homosexuales. De la Peña comparó las actitudes del panista con las del comandante en jefe de las SS (escuadra de defensa nazi),  Henrich Himmler, quien creó un comité para perseguir el “homosexualismo y a las mujeres que abortan”.

No es para menos que esta polémica haya sido detectada a tiempo en el radar de la opinión pública mexicana. Tanto a nivel nacional como internacional la comunidad LGBT así como los grupos feministas han hecho una incansable lucha para ganar terreno en materia de derechos humanos. Es la actitud conservadora y bizantina del senador el tipo de posicionamientos que deben de ser poco a poco borrados de la mentalidad social a través de información y una debida enseñanza del sentido de la igualdad. Extinguir el gen del “macho mexicano” que no le abre la puerta a quienes son diferentes y somete a las mujeres sin entender la complejidad sociocultural en la que se han tenido que desenvolver desde tiempos memorables.

El tema de la interrupción legal del embarazo,  la unión civil de personas del mismo sexo así como la adopción homoparental no debe cerrarse al diálogo, es sano para toda democracia liberal. Lo que se debería de evitar es, como mencionó la CONAPRED con respecto al senador Martínez, gastar “recursos públicos para discriminar, impulsar una postura religiosa particular y pretender pasar por ‘moda’ aquello que es obligación del Estado”. 

Aunque no es de sorprender el complejo político-religioso del presidente de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, fue precisamente el ex presidente Felipe Calderón  quien mandó a una controversia constitucional a las modificaciones al Código Civil de la entidad  aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que abrían la puerta al matrimonio igualitario así como la adopción. Más allá de que por la vía formal esta acción fue tomada por la Procuraduría General de la República, era conocida e incluso pública la postura del ex mandatario. A pesar de esto, la Suprema Corte puso punto final en el asunto al establecer como constitucional al matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo, reconociéndoles su validez a nivel nacional y que el tema específico de la adopción estaba apegado a la Constitución.

La misma actitud de inclusión jurídica tuvo la Suprema Corte al haber declarado al aborto como constitucional hasta antes de la semana 12 de gestación en el año 2009.  Esto en apego a los estándares científicos internacionales que reconocen que para tal punto el sistema nervioso del feto todavía carece de desarrollo, rompiendo con esquemas religiosos que tocaban el tema de “contar con un alma” y cuyas repercusiones perseguían a las mujeres que abortaban como criminales lejos de comprender las críticas vivencias que tuvieron para llegar a esa decisión. José Miguel Vivanco, entonces director de la División de las Américas de Human Rights Watch, declaraba al respecto: “Esta decisión asegura que México está observando la legislación de derechos humanos fundamentales (…) la despenalización del aborto salva las vidas de las mujeres y respeta su igualdad y autonomía. Aplaudimos la decisión de Corte y esperamos que otros gobiernos en toda América Latina tomen nota”.

Es importante recordarle a los legisladores y políticos que respaldan las declaraciones de José María Martínez, que el aborto con excepción de los estados de Guanajuato, Guerrero (pronto se discutirá la modificación en el congreso local) y Querétaro es aceptado en casos de: violación a la mujer, malformaciones del producto y/o cuando hay riesgos en la vida de la mujer. Refrescar sus memorias y comentarles que hay todo un proceso democrático federalista en donde cada entidad de la República puede legislar al respecto y no se necesitan comisiones con el fin de desvirtuar el debate y tener una sola visión con respecto a qué familias son “normales” y no son “moda” así como el mismísimo derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Restregarles lo que menciona el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la resolución AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) de la Organización de Estados Americanos,  la Declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género (de la que México es firmante) y la modificación del año 2011 en el artículo 1 de nuestra Constitución, todas estas disposiciones arropando a esas familias que el senador tachaba como “modas”.

Mientras que el senador Martínez y el séquito de legisladores que han dado espaldarazo de sus homofóbicas y machistas actitudes (ah, también recomiendo ver la prepotencia que expresa en redes sociales con su cuenta @ChemaMtzMtz) no pida disculpas ante su evidente error de concepto esta columna será evidencia de mi respaldo al resto de la sociedad civil, la comunidad LGBT y agrupaciones feministas en favor de la decisión que se han sentido en ofensa. El debate, insisto, seguirá abierto como lo requiere cualquier atmósfera democrática pero siempre y cuando los fundamentalismos o prejuicios religiosos queden fuera de la mesa.